Ciudad Juárez.– El Gobierno municipal ha iniciado una revisión jurídica de fondo sobre presuntas jubilaciones irregulares otorgadas a los exregidores Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, quienes actualmente reciben pensiones anuales por 500 mil y 300 mil pesos, respectivamente, a pesar de que su concesión podría contravenir la normatividad vigente.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, confirmó que la investigación se encuentra en etapa de análisis jurídico tras recibir la Contraloría municipal múltiples quejas ciudadanas, las cuales derivaron en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
“Estamos revisando las actuaciones que existen, porque todo fue directamente con Contraloría, que fue la instancia ante la cual se presentó la queja, y por la cual los exregidores fueron citados”, explicó el funcionario.
De acuerdo con Ortiz Orpinel, aún se evalúa qué acciones legales se podrían emprender, ya que el caso presenta complicaciones técnicas en materia jurídica. No obstante, dejó claro que el reglamento interno del municipio prohíbe el reconocimiento de antigüedad para efectos de jubilación a regidores, síndicos y presidentes municipales, incluso si han ocupado otros cargos públicos anteriormente.
“Eso es lo que dice el reglamento. De entrada, no sé cuál fue el criterio que se utilizó para otorgar esas jubilaciones”, cuestionó.
Este tipo de situaciones no son nuevas en el ámbito municipal. En 2023, casos similares se registraron en otros municipios de Chihuahua, como Delicias y Parral, donde también se investigaron jubilaciones anticipadas o montos excesivos aprobados en cabildos anteriores. En algunos casos, se han iniciado procesos de nulidad de pensión e incluso responsabilidad administrativa contra exfuncionarios.
El caso de Juárez podría sentar un precedente jurídico importante si se determina que hubo irregularidades en el proceso de jubilación, pues podría abrir la puerta a revertir beneficios indebidos otorgados a otros exservidores públicos en administraciones pasadas.
La Contraloría municipal ha señalado que, de comprobarse que los dictámenes fueron emitidos sin sustento legal, se buscará no sólo cancelar los pagos actuales, sino también recuperar los montos ya erogados en favor de los exregidores.
